Cuarenta Mineros Sepultados en Quilichao, Colombia.

Autor:  Hildebrando Vélez Galeano.

Justo dos días después de la reunión interétnica que tuvo lugar en Quilichao (29 de abril de 2014) para tratar los temas acuciantes de la minería criminal e ilegal que está destruyendo la minería ancestral, que devora los territorios acabando el agua, sacrificando la ecología, consumiendo los cuerpos de nuestros hermanos y hermanas, destruyendo los lazos de solidaridad e imponiendo el mercado de los cuerpos y los deseos, una montaña deja sepultados 40 mineros, dicen informes de primera mano.

El desastre ocurrió en la mina San Antonio, unos yacimientos sobre los que la Anglo Gold Ashanti tiene pretensiones de explotación y que corresponden a territorios ancestrales de comunidades étnicas. Entre la indefinición e inoperancia del Estado y la negación de los derechos ancestrales, se ha venido afirmando la minería criminal. Doscientas retroexcavadoras trabajan en ese lugar día y noche. Cuando la montaña se vino abajo ellas huyeron dejando a las victimas sepultadas y sin ningún auxilio. Esto ocurrió en la madrugada de hoy 1 de Mayo. Allí se está explotando día y noche. Las gentes llegan de todo lugar para cuando las retros dejan oportunidad hundir sus bateas y sus pies en el fango, esperando que la fortuna les de la oportunidad de tomar algo del mineral. Más de tres mil mineros improvisados deambulan por estas minas entre la noche y el día. Es una situación que se torna explosiva. Las autoridades, llámese Agencia Nacional Minera, INGEOMINAS, Procuraduría, Corporación Regional del Cauca -CRC-, policía, ejercito lo saben, pero se muestran indolentes con el destino de estos territorios y con sus gentes; a veces parecen más bien complacientes con los que provocan estas calamidades, cuando no es que son sus mismos cómplices.

Ahora no hay otro camino, la gente va a tomar en sus manos la decisión de sacar las retros, de no permitir que 200 retros que huyeron del lugar del desastre vuelvan a sus territorios, la movilización está ya produciéndose, la asamblea permanente interétnica decretada se convertirá en movilización para impedir que las retros sigan haciendo esa tarea criminal que el estado no impide. Que el gobierno se haga responsable de indemnizar a las victimas, es su deber, más aún por ser negligente. La propuesta de minería para la paz, tendrá que cobrar fuerza para darle sentido a una economía que debe dejar de servir a la guerra, para hacer una apuesta de economías para la paz y la sustentabilidad.